{"id":38174,"date":"2014-12-24T00:00:00","date_gmt":"2014-12-24T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/augustaabogados.com\/modificaciones-la-ley-de-sociedades-de-capital-ley-312014\/"},"modified":"2024-02-06T12:17:20","modified_gmt":"2024-02-06T12:17:20","slug":"modificaciones-la-ley-de-sociedades-de-capital-ley-312014__trashed-2__trashed","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/augustaabogados.com\/en\/modificaciones-la-ley-de-sociedades-de-capital-ley-312014__trashed-2__trashed\/","title":{"rendered":"Modificaciones a la Ley de Sociedades de Capital (Ley 31\/2014)"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: center;\"><span class=\"title\"><strong><em>Ley 31\/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la<\/em><\/strong><br \/>\n<strong><em>Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo<\/em><\/strong><\/span><\/div>\n<p>El pasado 4 de diciembre de 2014 se publicaba en el Bolet&iacute;n Oficial del Estado la Ley 31\/2014 por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo (&ldquo;<strong>Ley 31\/2014<\/strong>&rdquo;). Dicha Ley entrar&aacute; en vigor, con car&aacute;cter general, a los 20 d&iacute;as de su publicaci&oacute;n en el Bolet&iacute;n, esto es, en el d&iacute;a de hoy. La Ley 31\/2014 se fundamenta en el creciente inter&eacute;s por el buen gobierno corporativo y, en su virtud, se modifica el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/2010, de 2 de julio (&ldquo;<strong>LSC<\/strong>&rdquo;).<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nParticularmente, las modificaciones que la Ley 31\/2014 introduce en la LSC pueden agruparse en dos grandes categor&iacute;as, que a continuaci&oacute;n ser&aacute;n objeto de an&aacute;lisis: (i) las referidas a la Junta General (de Socios o Accionistas) y (ii) las referidas al &Oacute;rgano de Administraci&oacute;n de las Compa&ntilde;&iacute;as. Asimismo, se pondr&aacute;n de manifiesto otras medidas introducidas por la Ley 31\/2014 as&iacute; como la diferida entrada en vigor de algunos preceptos.<\/p>\n<p><strong>I. Modificaciones relativas a la Junta General <\/strong><\/p>\n<p>En t&eacute;rminos generales, las modificaciones en este &aacute;mbito pretenden otorgar un mayor protagonismo a las Juntas Generales en la gesti&oacute;n de las compa&ntilde;&iacute;as, asegurar la transparencia de la informaci&oacute;n, as&iacute; como posibilitar que los socios emitan su voto de forma diferenciada, prohibiendo incluso votar a los mismos en los casos m&aacute;s graves de conflictos de inter&eacute;s.<\/p>\n<ul style=\"margin-top:20px\">\n<li>Ampliaci&oacute;n de competencias de la Junta<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"margin-left:40px\">Por un lado, se ampl&iacute;an las facultades de intervenci&oacute;n de la Junta General en asuntos de gesti&oacute;n en todas las sociedades de capital, asimilando as&iacute; el r&eacute;gimen de las Sociedades An&oacute;nimas al de las Sociedades de Responsabilidad Limitada. Por otro lado, se incluye como nueva competencia de la Junta la adquisici&oacute;n, enajenaci&oacute;n o aportaci&oacute;n, a otra sociedad de los denominados &ldquo;<em>activos esenciales<\/em>&rdquo;. Concretamente, la Ley 31\/2014 presume la existencia de un activo esencial cuando el importe de la operaci&oacute;n supere el 25% del valor de los activos que figuren en el &uacute;ltimo balance aprobado.<\/p>\n<ul style=\"margin-top:20px\">\n<li>Votaci&oacute;n separada de asuntos<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"margin-left:40px\">Se introduce el art&iacute;culo 197 bis, en el cual se establece que los asuntos &ldquo;<em>sustancialmente independientes<\/em>&rdquo; deber&aacute;n votarse separadamente y, en particular, aquellos relativos al nombramiento, reelecci&oacute;n o separaci&oacute;n del administrador y a la modificaci&oacute;n de los estatutos sociales. La inclusi&oacute;n de este art&iacute;culo facilita que se eviten situaciones de conflicto de inter&eacute;s, quedando, los socios en conflicto, fuera de dicha votaci&oacute;n.<\/p>\n<ul style=\"margin-top:20px\">\n<li>Derecho de informaci&oacute;n en la Sociedad An&oacute;nima<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"margin-left:40px\">Si bien dicho derecho ya ven&iacute;a contemplado en la LSC, con la nueva regulaci&oacute;n se han ampliado los supuestos en los que los administradores no est&aacute;n obligados a proporcionar la informaci&oacute;n solicitada por los accionistas, que, adem&aacute;s, ser&aacute;n responsables de la utilizaci&oacute;n abusiva o perjudicial de dicha informaci&oacute;n. Asimismo, se a&ntilde;ade un apartado que establece que, en caso de que se vulnere el derecho de informaci&oacute;n del accionista durante la junta, el mismo estar&aacute; facultado para exigir el cumplimiento de la obligaci&oacute;n y para reclamar los da&ntilde;os y perjuicios que se deriven, pero en ning&uacute;n caso estar&aacute; facultado para impugnar la junta general.<\/p>\n<ul style=\"margin-top:20px\">\n<li>R&eacute;gimen de mayor&iacute;as en la Sociedad An&oacute;nima<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"margin-left:40px\">La modificaci&oacute;n a este respecto tiende a clarificar lo que ya establec&iacute;a la LSC. La mayor&iacute;a simple, anteriormente denominada mayor&iacute;a ordinaria, se entender&aacute; obtenida cuando un acuerdo obtenga m&aacute;s votos a favor que en contra del capital social debidamente presente o representado. Por lo que respecta a la adopci&oacute;n de los acuerdos a los que se refiere el art&iacute;culo 194 LSC (&ldquo;<em>Qu&oacute;rum de constituci&oacute;n reforzado en casos especiales<\/em>&rdquo;), se introduce una menci&oacute;n acerca de cu&aacute;ndo se entender&aacute; adoptado el acuerdo en primera convocatoria; esto es, cuando est&eacute; presente o representado m&aacute;s del 50% del capital social y el acuerdo se adopte por mayor&iacute;a absoluta. &nbsp;<\/p>\n<ul style=\"margin-top:20px\">\n<li>Conflictos de inter&eacute;s entre accionistas<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"margin-left:40px\">Se ampl&iacute;a a todas las sociedades de capital el r&eacute;gimen hasta ahora establecido por la LSC para las Sociedades de Responsabilidad Limitada. As&iacute;, se regula con mayor detalle una serie de supuestos en los cuales se considera que existe una situaci&oacute;n de conflicto de inter&eacute;s. Sin embargo, m&aacute;s all&aacute; de estos casos, se establece una presunci&oacute;n de infracci&oacute;n cuando el voto del socio en conflicto hubiera sido determinante para adoptar dicho acuerdo.<\/p>\n<p style=\"margin-left:40px\">Para el c&oacute;mputo de los votos en la adopci&oacute;n de acuerdos, ser&aacute; necesario deducir las acciones o participaciones de aquel socio que se encuentre en la situaci&oacute;n de conflicto.<\/p>\n<ul style=\"margin-top:20px\">\n<li>Impugnaci&oacute;n de acuerdos sociales<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"margin-left:40px\">Hasta ahora, la LSC distingu&iacute;a la impugnaci&oacute;n de los acuerdos en nulos o anulables, siendo estos &uacute;ltimos todos aquellos que no fueran ni contrarios a la Ley ni al orden p&uacute;blico. Sin embargo, la Ley 31\/2014 elimina dicha distinci&oacute;n pasando a denominarles &ldquo;<em>acuerdos impugnables<\/em>&rdquo;. Con la Ley 31\/2014, se unifican todos los casos de impugnaci&oacute;n y se establece un &uacute;nico plazo de impugnaci&oacute;n de un (1) a&ntilde;o &ndash;que se reduce a tres (3) meses en el caso de las sociedades cotizadas-. A mayor abundamiento, se reduce el porcentaje del capital social necesario para poder llevar a cabo la impugnaci&oacute;n, pasando del 5% al 1% -siendo del 0,1% en las sociedades cotizadas-.<\/p>\n<p style=\"margin-left:40px\">Sin embargo, del mismo modo que se simplifican las condiciones para poder ejercer el derecho de impugnaci&oacute;n de los acuerdos sociales, tambi&eacute;n se establecen medidas para no utilizar dicho derecho de una forma abusiva.<\/p>\n<p style=\"margin-left:40px\">Concretamente, la Ley 31\/2014 establece:<\/p>\n<div style=\"margin-left:40px\">\n<ol style=\"list-style-type:lower-roman;\">\n<li>que, por debajo de los umbrales definidos en el p&aacute;rrafo anterior, solo se podr&aacute; reclamar la indemnizaci&oacute;n que por da&ntilde;os y perjuicios corresponda;<\/li>\n<li>que la impugnaci&oacute;n resultar&aacute; improcedente, salvo que los motivos de impugnaci&oacute;n sean de car&aacute;cter &ldquo;<em>esencial<\/em>&rdquo; o &ldquo;<em>determinante<\/em>&rdquo;, cuando se den una serie de supuestos, como la infracci&oacute;n de requisitos meramente procedimentales; y,<\/li>\n<li>que se impide la impugnaci&oacute;n de aquellos acuerdos que han quedado sin efecto o que han sido sustituidos por otros v&aacute;lidamente adoptados.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<p>Por lo que respecta a las sociedades cotizadas, debe destacarse que la Ley 31\/2014 pretende dar m&aacute;s control tanto a la Junta General como a los accionistas y, especialmente, a los accionistas minoritarios -entre otras medidas, se reduce el n&uacute;mero de acciones necesarias para poder asistir a las Juntas (de la tenencia del 1 por 1.000 a la tenencia de 1.000 acciones) y disminuye el plazo m&aacute;ximo para ejercitar el derecho de informaci&oacute;n (de 7 a 5 d&iacute;as)-.<\/p>\n<p><strong>II. Modificaciones relativas al &Oacute;rgano de Administraci&oacute;n de la Compa&ntilde;&iacute;a<\/strong><\/p>\n<p>Este segundo bloque de modificaciones, tiene por objeto (i) reforzar tanto el r&eacute;gimen jur&iacute;dico de los deberes de los administradores como la responsabilidad que del ejercicio de su cargo se deriva, y (ii) clarificar el r&eacute;gimen de remuneraciones de los administradores.<\/p>\n<ul style=\"margin-top:20px\">\n<li>Deberes de los administradores<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"margin-left:40px\">Deber de diligencia: la Ley 31\/2014 ha desarrollado este deber que ya estaba previsto en la LSC. En particular, se define la forma en que los administradores deber&aacute;n desempe&ntilde;ar su cargo en relaci&oacute;n con las funciones atribuidas a los mismos. Asimismo, se incluye una menci&oacute;n mediante la cual se obliga y se faculta a los administradores a obtener de la sociedad aquella informaci&oacute;n necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nDeber de lealtad: la Ley 31\/2014 modifica la anterior regulaci&oacute;n y determina que el desempe&ntilde;o del cargo de administrador deber&aacute; realizarse obrando de buena fe y en el mejor inter&eacute;s de la sociedad. En caso de infracci&oacute;n de dicho deber, los administradores deber&aacute;n (i) indemnizar por el da&ntilde;o causado al patrimonio social y (ii) devolver el enriquecimiento injusto obtenido. Asimismo, se introduce un art&iacute;culo que establece un listado de obligaciones derivadas del deber de lealtad y otro que determina la obligatoriedad del r&eacute;gimen relativo al mismo. Por ello, no ser&aacute;n v&aacute;lidas las cl&aacute;usulas estatutarias que lo limiten o que sean contrarias al referido deber de lealtad.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nDeber de evitar los conflictos de intereses: se establecen una serie de prohibiciones, tales como realizar transacciones con la compa&ntilde;&iacute;a, utilizar el nombre de la misma y hacer uso de los activos sociales, entre otras, de las cuales el administrador debe abstenerse. Sin embargo, se establecen una serie de dispensas a dichas prohibiciones que podr&aacute;n ser otorgadas por la compa&ntilde;&iacute;a tanto a los administradores como a personas vinculadas a los mismos.<\/p>\n<ul style=\"margin-top:20px\">\n<li>R&eacute;gimen de responsabilidad de los administradores<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"margin-left:40px\">Los administradores de las sociedades de capital deber&aacute;n responder cuando medie dolo o culpa. Sin embargo, la culpabilidad se presumir&aacute;, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a los estatutos sociales. Se extiende dicha responsabilidad tanto a los administradores de hecho, que se definen como aquellas personas que desempe&ntilde;an dicho cargo sin t&iacute;tulo o con otro t&iacute;tulo, como a las personas f&iacute;sicas designadas por el administrador persona jur&iacute;dica. Dicha persona f&iacute;sica responder&aacute; solidariamente junto con la persona jur&iacute;dica a la que representa.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nLa legitimaci&oacute;n para ejercer la acci&oacute;n de responsabilidad se ve modificada con la intenci&oacute;n de que la minor&iacute;a no vea mermados sus derechos. As&iacute;, la Ley 31\/2014 establece que todos aquellos socios que, de forma individual o conjunta, puedan solicitar la convocatoria de la Junta General estar&aacute;n tambi&eacute;n legitimados para ejercitar directamente la acci&oacute;n social de responsabilidad, si la misma se fundamenta en un incumplimiento del deber de lealtad.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nEl plazo de prescripci&oacute;n para ejercitar la citada acci&oacute;n de responsabilidad contra los administradores de la compa&ntilde;&iacute;a ser&aacute; de cuatro (4) a&ntilde;os.<\/p>\n<ul style=\"margin-top:20px\">\n<li>El Consejo de Administraci&oacute;n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"margin-left:40px\">Todas aquellas sociedades en las cuales el &oacute;rgano de administraci&oacute;n sea un consejo, deber&aacute;n tener en cuenta que el mismo deber&aacute; reunirse, al menos, una (1) vez al trimestre. En cualquier caso, la norma no establece ning&uacute;n tipo de sanci&oacute;n por el no cumplimiento de dicha obligaci&oacute;n, por lo que &uacute;nicamente podr&iacute;a considerarse como un incumplimiento del deber de diligencia de los administradores.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nTambi&eacute;n debe suscribirse un contrato con el Consejero Delegado, as&iacute; como con cualquier miembro del consejo de administraci&oacute;n que, aun no siendo Consejero Delegado, tenga atribuidas funciones ejecutivas. El citado contrato deber&aacute; contener todos los conceptos por los que pueda obtener una retribuci&oacute;n por el desempe&ntilde;o de funciones ejecutivas. Adem&aacute;s, el contrato deber&aacute; ser conforme con la pol&iacute;tica de retribuciones aprobada por la Junta General.<\/p>\n<ul style=\"margin-top:20px\">\n<li>Remuneraci&oacute;n de los administradores<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"margin-left:40px\">La norma general se mantiene, esto es, salvo disposici&oacute;n en contrario de los estatutos sociales de la compa&ntilde;&iacute;a, el cargo de administrador ser&aacute; gratuito.<\/p>\n<p>A partir de la entrada en vigor de la Ley 31\/2014, ser&aacute; necesario determinar los conceptos en los cuales se fundamenta la remuneraci&oacute;n de los administradores y, a estos efectos, la ley hace una enumeraci&oacute;n enunciativa pero en ning&uacute;n modo limitativa de los mismos (una asignaci&oacute;n fija, participaci&oacute;n en beneficios o retribuci&oacute;n variable, entre otros). Por ello, es conveniente que se modifiquen los estatutos sociales con la finalidad de que los mismos reflejen todos los conceptos retributivos que deban percibir los administradores.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nOtra de las novedades es que la Junta General debe aprobar el importe m&aacute;ximo anual a repartir entre la totalidad de los administradores de la compa&ntilde;&iacute;a; permaneciendo dicha cantidad vigente mientras no se apruebe su modificaci&oacute;n. Los administradores o, en su caso, el consejo de administraci&oacute;n ser&aacute;n los encargados de la distribuci&oacute;n entre ellos de la cantidad aprobada por la Junta General.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nEn todo caso, la Ley 31\/2014 pone de manifiesto que la remuneraci&oacute;n de los administradores deber&aacute;, en todo caso, guardar una proporci&oacute;n razonable con la importancia de la sociedad, la situaci&oacute;n econ&oacute;mica que tuviera en cada momento y los est&aacute;ndares de mercado de compa&ntilde;&iacute;as comparables. Del mismo modo, se&ntilde;ala que el sistema de remuneraci&oacute;n establecido deber&aacute; estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunci&oacute;n excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables.<\/p>\n<p>\nLa Ley 31\/2014 tambi&eacute;n introduce modificaciones espec&iacute;ficas para las sociedades cotizadas, entre las que debemos destacar las nuevas obligaciones del consejo de administraci&oacute;n de hacer una evaluaci&oacute;n anual de su funcionamiento y de crear una comisi&oacute;n de nombramientos y retribuciones. Adem&aacute;s, la pol&iacute;tica de remuneraciones de los consejos de administraci&oacute;n deber&aacute; ser aprobada por la junta general de accionistas como punto separado del orden del d&iacute;a.&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nDel mismo modo, la Ley 31\/2014 incorpora medidas en el &aacute;mbito de la lucha contra la morosidad: aquellas sociedades que no puedan presentar cuentas de p&eacute;rdidas y ganancias abreviadas deber&aacute;n incluir el periodo medio de pago a proveedores en el informe de gesti&oacute;n. Adem&aacute;s, tanto las sociedades cotizadas como aquellas que no presenten cuentas abreviadas deber&aacute;n publicar dicha informaci&oacute;n en su p&aacute;gina web, en caso que la tengan.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nPor &uacute;ltimo, destacar que aunque con car&aacute;cter general la Ley 31\/2014 entrar&aacute; hoy en vigor, ciertas disposiciones lo har&aacute;n en un momento posterior. En particular, las medidas relativas a las remuneraciones de administradores de todas las sociedades de capital (art&iacute;culos 217 a 219), as&iacute; como ciertas disposiciones relacionadas con las sociedades cotizadas (art&iacute;culo 529 ter, nonies, terdecies, quaterdecies, quindecies, septendecies y octodecies), entrar&aacute;n en vigor a partir del 1 de enero de 2015 y deber&aacute;n acordarse en la primera junta general que se celebre con posterioridad a esta fecha. &nbsp;<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nHabida cuenta de las modificaciones introducidas por la Ley 31\/2014, esencialmente, se ampl&iacute;an las facultades de la Junta General y se clarifica el r&eacute;gimen de responsabilidad y de remuneraci&oacute;n del &oacute;rgano de administraci&oacute;n. En este sentido, ser&aacute; preciso prestar atenci&oacute;n (i) a la adaptaci&oacute;n a esta normativa que deber&aacute;n realizar las sociedades de capital, y (ii) a la doctrina que al respecto se desarrollar&aacute;, pues, como hemos visto a lo largo de este resumen, no son escasos los conceptos indeterminados.<\/p>\n<p style=\"text-align:right\">Para cualquier consulta relacionada con este texto, <a href=\"mailto:flashnews@jordim52.sg-host.com\">env&iacute;enos un correo electr\u00f3nico.<\/a><\/p>\n<p>Autora: Mar&iacute;a Muro<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ley 31\/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo El pasado 4 de diciembre de 2014 se publicaba en el Bolet&iacute;n Oficial del Estado la Ley 31\/2014 por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora 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