Las empresas ya están obligadas, por Ley, a habilitar un canal de denuncias. Ha entrado en vigor la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción.
Desde Augusta Abogados, creemos que esta normativa supone una buena oportunidad para las empresas de establecer un mecanismo sólido de protección interna como es un canal interno de información que les proteja frente a toda una serie de cuestiones muy estratégicas y con gran incidencia, no sólo en los aspectos jurídicos y económicos, sino también reputacionales.