Cada gran crisis geopolítica de los últimos años ha venido acompañada, en España, de una respuesta laboral casi automática basada en proteger el empleo a toda costa. La pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis energética y ahora el conflicto con Irán comparten un mismo patrón de actuación pública. La pregunta, una vez más, no es si hay que proteger el empleo -porque sin duda hay que hacerlo- sino cómo hacerlo sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas que lo sostienen.
Un conflicto lejano con efectos laborales muy cercanos
La guerra abierta en Irán ha reactivado todos los temores conocidos, con el encarecimiento del petróleo y del gas, tensiones en el transporte marítimo, repuntes inflacionarios y pérdida de poder adquisitivo. España no tiene una exposición comercial directa relevante con Irán, pero sí sufre -como el resto de Europa- los efectos indirectos del shock energético y logístico.
Cuando los costes energéticos suben de forma abrupta, la primera consecuencia para muchas empresas es la caída de márgenes, la ralentización de la actividad y, en casos extremos, la inviabilidad económica. Y ahí es donde el impacto laboral deja de ser una hipótesis para convertirse en una realidad.
Déjà vu: el manual de respuesta laboral del Gobierno
Si miramos atrás, el esquema de actuación del ejecutivo se repite con sorprendente exactitud, por ejemplo, con el COVID‑19 (2020‑2021) fueron los ERTE masivos, prohibición de despedir, exoneraciones de cotizaciones y compromiso de mantenimiento del empleo. En la Guerra de Ucrania (2022‑2024) se reactivación de ERTE, limitaciones al despido objetivo vinculado a la crisis, ayudas condicionadas al empleo y mecanismos de flexibilidad interna y durante la crisis energética e hidrocarburos, las bonificaciones, ayudas sectoriales y refuerzo del llamado “escudo social”.
Ahora, en la Guerra de Irán (2026) el Gobierno ya anticipa la posible reactivación de ERTE, Mecanismo RED, limitación del despido y priorización del trabajo a distancia, siguiendo exactamente el mismo guion.
Si lo analizamos en el fondo, es una política laboral coherente con una determinada visión ideológica, centrada en preservar el empleo incluso en contextos de fuerte contracción económica, pero, lamentablemente, alejada del fortalecimiento y del merecido “cariño” de las empresas que lo mantienen latente.
La protección del empleo: una herramienta útil, si es temporal
Los datos avalan que los ERTE y los mecanismos de flexibilidad interna de las empresas funcionan cuando la crisis es coyuntural. Durante la pandemia evitaron una destrucción masiva de empleo y permitieron una rápida reincorporación de trabajadores cuando la actividad se reactivó. El problema surge cuando estas medidas se prolongan en el tiempo o se aplican de forma rígida, y en este sentido, la experiencia nos demuestra que cuanto más largo es un ERTE, menor es su efectividad. También, que limitar o encarecer el despido sin ofrecer alternativas sustanciales de viabilidad empresarial traslada el problema al futuro. Por otro lado, condicionar ayudas públicas a compromisos de empleo inflexibles puede ahogar a empresas que ya están en una situación límite, de modo que proteger el empleo sin proteger la empresa es, en realidad, posponer el ajuste que muchas organizaciones terminarán realizando.
Una mirada crítica (y necesaria) desde la empresa
Aquí es donde conviene introducir un matiz que rara vez aparece en el debate público. El empleo no es una abstracción, dado que existe porque existe una empresa que, dicho de forma directa, factura, invierte y asume riesgos de negocio.
Si la respuesta a la guerra de Irán vuelve a centrarse exclusivamente en prohibir o desincentivar despidos, imponer compromisos de mantenimiento del empleo, y cargar sobre la empresa el coste de una crisis externa, sin acompañarlo de medidas que protejan su liquidez, su competitividad y su capacidad de adaptación, el resultado puede ser absolutamente contraproducente. Cuidar el empleo de calidad exige también cuidar el tejido empresarial, especialmente a las pymes y a los sectores intensivos en energía.
¿Es posible otro enfoque?
Probablemente, la orientación política del actual Gobierno hace difícil un giro de enfoque. Pero incluso dentro del marco actual hay margen para reforzar medidas de flexibilidad real, no solo formal; aliviar cargas regulatorias y administrativas en contextos de crisis; priorizar ayudas directas a la actividad frente a condicionamientos laborales rígidos; reconocer que, en determinados escenarios, la reestructuración ordenada también protege empleo futuro.
La experiencia de los últimos cinco años debería servir para algo más que repetir esquemas. La guerra de Irán no será la última crisis geopolítica que afecte a nuestras empresas y quizá ha llegado el momento de asumir que proteger el empleo y proteger la empresa no son objetivos para nada contrapuestos, sino dos caras de la misma moneda que contribuyen a la creación de un escudo empresarial cuyo objetivo, es mejorar nuestra capacidad de respuesta ante situaciones de especial sensibilidad para nuestra sociedad y economía.