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En línea con esto, Juan José Hita, abogado laboralista de Augusta Abogados, considera que España ya parte de una posición relativamente avanzada porque las empresas cuentan desde hace años con obligaciones como el registro retributivo o las auditorías retributivas en empresas de mayor tamaño. Pero apunta que la directiva europea trae un cambio que puede afectar a la gestión diaria de las pymes: el paso de un sistema centrado fundamentalmente en registrar y auditar los salarios a otro en el que también habrá que explicar mejor cómo se toman las decisiones salariales desde el principio.
El abogado también considera relevante la reducción del umbral de brecha salarial que puede desencadenar nuevas actuaciones. Porque el marco español actual trabaja con un límite del 25% en determinadas obligaciones de auditoría, mientras que la directiva europea establece un 5% cuando concurren además los requisitos previstos en la propia normativa. A su juicio, esto obligará a las empresas a revisar y reconducir sus actuales sistemas de auditoría, ya que una diferencia que antes no activaba ningún tipo de actuación, ahora podría hacerlo con el nuevo marco.
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