El Supremo obliga a los jueces a valorar que Hacienda ya había aceptado una hipoteca y suspendido el cobro. Si el fisco reclama además una multa, el autónomo puede ofrecer el mismo inmueble, ampliando la garantía existente.
Un autónomo que ha conseguido frenar el cobro de una deuda con Hacienda podía verse obligado a pagarla una vez que el caso llegaba a los tribunales, aunque hubiese aportado un inmueble como garantía.
Ahora, el Tribunal Supremo ha establecido que, si Hacienda aceptó esa garantía y suspendió el cobro, el juez debe tenerla en cuenta y dar razones concretas si deniega la petición de mantener el cobro suspendido mientras se resuelve el recurso.
La sentencia 1085/2026, extiende a garantías como la hipoteca un criterio que el Supremo ya había aplicado a deudas respaldadas por avales bancarios. “El aval bancario es costoso y no siempre está a su alcance, y con frecuencia la única alternativa es hipotecar el local o un inmueble del autónomo, con la carga que ello comporta”, explicó a este diario Núria Canal, asesora fiscal de Augusta Abogados.
“El error más frecuente es dar por supuesto que la suspensión continúa por el mero hecho de recurrir”, advirtió Canal Vilaró. Para mantener paralizado el cobro mientras el juez decide, el autónomo debe pedirle expresamente la suspensión dentro del plazo de dos meses para presentar el recurso judicial.
El Supremo exige que el juez valore la garantía que Hacienda ya aceptó
La decisión sobre el cobro es provisional y el tribunal la toma mientras se tramita el recurso. Será al resolver ese recurso cuando el juez determine si el autónomo debe ese dinero. “Lo relevante para el Supremo no es tanto la clase de garantía como el hecho de que la Administración la haya considerado suficiente y haya acordado la suspensión”, señaló Canal Vilaró.
Entre las circunstancias que podrían justificar la negativa, la asesora apuntó “que la garantía haya perdido valor o eficacia, que no cubra la vía contencioso-administrativa, que las circunstancias hayan cambiado de forma relevante o que se acredite un perjuicio para el interés general”.
“Conviene acompañar a la solicitud el acuerdo de suspensión y el documento de constitución de la garantía, y acreditar que esta sigue vigente y cubre también la vía contencioso-administrativa”, indicó Canal Vilaró.
La asesora de Augusta Abogados aconsejó aportar también documentación contable y bancaria para acreditar qué perjuicio tendría para el negocio pagar de inmediato. En el caso que llegó al Supremo, el tribunal aragonés había considerado insuficiente la declaración del contribuyente.