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Por su parte, Omar Molina, socio del Área Laboral de Augusta Abogados, coincide en que existe una tensión real entre los objetivos de la normativa y la interpretación de la autoridad de competencia. En su opinión, la situación responde a “una tensión clásica entre la protección del consumidor y la defensa de la libre competencia”.
Molina explicó a AyE que la Ley de Derecho a la Defensa busca aportar transparencia y seguridad jurídica al autónomo, mientras que la CNMC teme que los baremos “se conviertan en referencias de mercado que distorsionen la libre fijación de precios”. Aun así, considera necesario “encontrar un equilibrio, que permita informar sin condicionar”.
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