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El segundo es de proporcionalidad. «Prohibir el 100% de las licencias obligaría a acreditar que no existe ninguna alternativa menos restrictiva», señala Nataly Trenkamp, directora de Augusta Abogados. Y ese es un umbral especialmente exigente en una ciudad como Barcelona, donde ya existían instrumentos como el PEUAT, que diferenciaban zonas en función de la saturación turística.
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«La estrategia jurídica está clara: invocar el derecho de la Unión Europea y forzar cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea apoyándose en el precedente de Smartflats», señala la letrada, que anticipa un aluvión de reclamaciones de los afectados por la desaparición de estas licencias. En paralelo, el sector prepara denuncias ante la Comisión Europea por una posible vulneración de la Directiva de Servicios.
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