El Consejo de Ministros también ha aprobado una nueva ley para regular el derecho que tiene cualquier ciudadano a pedir que se rectifique una información falsa o inexacta que se haya publicado sobre él.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de ley para incluir los deepfakes —la manipulación de imágenes y voces con IA— entre los delitos contra el honor de las personas.
Es un primer paso de la norma, que después deberá pasar por el Congreso, donde necesitará mayoría absoluta, ya que es una ley orgánica.
De este modo, el Gobierno español quiere luchar contra prácticas como las que se han visto en los últimos días en X, donde numerosos usuarios han pedido a Grok —su inteligencia artificial— que desnudara o pusiera un bikini a chicas que originalmente aparecen vestidas en las fotografías que publicaban.
De hecho, el propio Ejecutivo español ya pidió la semana pasada a la Fiscalía que investigara a Grok por pornografía infantil y, al cabo de pocos días, la red X anunciaba que restringiría la creación de deepfakes sexuales.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que el objetivo es actualizar la ley de 1982 para adaptarla a los nuevos tiempos:
La desinformación se transmite a una velocidad endiablada y es necesario agilizar y adaptar los procedimientos para proteger el derecho al honor de las personas.
La norma contempla excepciones claras para usos creativos, artísticos, satíricos o de ficción, siempre que se haga explícito que el contenido que se muestra ha sido manipulado con inteligencia artificial.
Cambios en el consentimiento
El anteproyecto de ley también recoge que los menores de 16 años no podrán dar consentimiento para el uso de su propia imagen, en línea con lo previsto también en la ley de protección de menores en entornos digitales.
Y atención, porque se podrá prohibir —si lo dejamos escrito en el testamento— que se utilice nuestra imagen o voz una vez fallecidos.
Tampoco se permitirá que el autor de un delito pueda revelar detalles de los hechos que puedan volver a causar daño a la víctima en contenidos vinculados al género true crime.
Las condenas por sentencia firme se publicarán en el BOE si lo solicita el perjudicado.
¿Cómo se castigará?
Los delitos contra el honor y la intimidad pueden conllevar penas de entre 6 meses y dos años de prisión. En cuanto a las indemnizaciones, varían mucho en función de la gravedad de la conducta y de si se trata de un caso de pornografía y afecta a menores.
En declaraciones a 3CatInfo, el presidente de la sección de derechos de imagen del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Gerard de Lucas, pide que se responsabilice tanto a los autores de los deepfakes como a las plataformas que los difunden.
Y va aún más allá:
“También cualquier otra persona que se dedique a hacer una republicación de esta alteración de la imagen de una persona o que lo difunda por cualquier medio”.
Derecho de rectificación, mejorado
El Consejo de Ministros también ha aprobado, en segunda vuelta, una nueva ley para regular el derecho que tiene cualquier persona a pedir que se corrija una información falsa o inexacta que le afecte. Esta nueva norma sustituirá a la ley vigente, que es de 1984.
El ministro Bolaños lanzaba esta advertencia a determinados influenciadores:
Las personas dedicadas a los falsos rumores diarios estarán afectadas por esta ley aunque no sean un medio de comunicación.
Estas son algunas de las novedades que incorpora la nueva ley del derecho de rectificación:
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Los ciudadanos podrán pedir que se rectifique información publicada tanto en medios de comunicación tradicionales como en digitales y plataformas en línea.
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En el caso de los influenciadores, estarán sujetos a esta norma quienes tengan 100.000 seguidores en una sola plataforma o 200.000 acumulados.
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Los medios digitales y los influenciadores deberán establecer un mecanismo accesible y visible que permita enviar fácilmente la solicitud de rectificación.
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El plazo para presentar la solicitud de rectificación será de 10 días —si la información se ha publicado en medios de comunicación tradicionales— y de 20 días si ha sido en medios digitales o en cuentas de influenciadores.
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La información rectificada deberá publicarse en un plazo de 3 días.
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En caso de que el medio o el influenciador no quiera rectificar, la ley simplifica el procedimiento judicial al que pueden acogerse los ciudadanos que se sientan perjudicados.