Actualizar el domicilio fiscal no modifica necesariamente la dirección elegida para recibir las notificaciones de Hacienda. No comunicar cambios de dirección puede acarrear una multa de 400 euros, además del riesgo que supone descubrir una deuda tributaria cuando ya acumula recargos de hasta el 20%.
Hacienda debe justificar el recurso a los anuncios en el BOE
El traslado de vivienda o actividad no produce efectos frente a Hacienda mientras no se cumpla el deber de comunicarlo, lo que puede dar lugar a controversias sobre cuándo conoció la Administración la nueva dirección. “Por último, conviene conservar el justificante de presentación del Modelo 036 y un certificado censal actualizado”, recomienda Núria Canal.
La Ley General Tributaria permite acudir al Boletín Oficial del Estado (BOE) cuando no se consigue entregar una notificación por causas no imputables a Hacienda tras dos intentos, aunque basta uno si el destinatario consta como desconocido. “Ahora bien, que Hacienda haya realizado los intentos legalmente exigidos no significa automáticamente que la notificación la notificación mediante un anuncio en el BOE sea válida”, puntualiza la experta fiscal de Augusta Abogados.
El anuncio abre 15 días naturales para comparecer, contados desde el siguiente a su publicación, y la notificación se entiende producida al día siguiente del vencimiento si el destinatario no comparece.
Una dirección alternativa puede constar en el expediente o en declaraciones posteriores: “Por eso, la cuestión decisiva suele ser determinar qué información tenía realmente la Administración cuando intentó notificar”, explicó la experta.
Un embargo puede recurrirse si no se notificó la providencia de apremio
El contribuyente puede encontrarse ante una liquidación, una providencia de apremio o un embargo, y cada acto tiene sus propios motivos de impugnación. “Lo primero es obtener el expediente y los justificantes de notificación para comprobar qué actos se dictaron, cómo se intentaron notificar y en qué fechas”, indicó Núria Canal.
Contra la providencia de apremio puede alegarse que la liquidación nunca fue correctamente notificada, mientras que frente al embargo cabe invocar la falta de notificación de dicha providencia. También puede impugnarse la propia liquidación sosteniendo que el plazo para recurrir no comenzó, por lo que deben examinarse las direcciones utilizadas, las entregas y las publicaciones.
La suspensión del cobro debe analizarse cuanto antes, porque presentar un recurso no detiene por sí solo todas las actuaciones recaudatorias y pueden continuar los embargos. “Pagar tampoco cierra la puerta al recurso: si este prospera, Hacienda deberá devolver lo cobrado con los intereses correspondientes”, añadió Canal.
Las comunicaciones electrónicas también pueden producir efectos sin haberse leído
Las sociedades y determinados autónomos están obligados a recibir notificaciones electrónicas, mientras otros pueden elegir esa vía; dejar transcurrir 10 días naturales sin acceder puede producir efectos, aunque no llegue el aviso por correo electrónico.
“Mi recomendación práctica es no dar nada por perdido, pero tampoco suponer que una carta no recibida es automáticamente inválida”, sostiene Núria Canal.
Una notificación defectuosa puede producir efectos cuando el contribuyente realiza actuaciones que demuestran conocer el acto, de modo que descubrir la reclamación exige actuar con rapidez.