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Un marco para proteger las prácticas
Para Omar Molina, socio de laboral de Augusta Abogados, “el debate sobre las prácticas formativas vuelve a primera línea con una novedad relevante y muy reciente. El Consejo de Ministros dio luz verde el 3 de marzo de 2026 al anteproyecto del denominado Estatuto del Becario, que ahora necesitará el respaldo del Congreso para entrar en vigor. El Gobierno defiende que la norma busca impedir que las empresas obtengan un beneficio mercantil del trabajo en prácticas, reforzar la finalidad formativa mediante tutores y reconocer relación laboral cuando exista sustitución de puestos”.
“Conviene dimensionar el fenómeno antes de etiquetarlo. En 2024, tras el cambio normativo de Seguridad Social, casi 900.000 estudiantes cotizaron como personas en prácticas en algún momento del año, lo que muestra que estamos ante un instrumento de entrada al mercado laboral de alcance masivo. La inclusión obligatoria en el sistema se articula en la Disposición adicional 52 de la LGSS, introducida por el Real Decreto ley 2/2023, con reglas específicas para prácticas remuneradas y no remuneradas.”, destaca
En su opinión, “existe abuso y existe evidencia. La Inspección de Trabajo ha detectado 1.598 falsos becarios en 4.194 actuaciones entre 2021 y 2023, una ratio que ronda el 38 a 40 por ciento de los casos inspeccionados. Ese dato explica la presión política por regular, pero también aconseja precisión. Perseguir el fraude exige herramientas eficaces, no una presunción general que estigmatice a quien sí ofrece un itinerario formativo real, con tutorización y sin cubrir necesidades estructurales de plantilla.”
Para este jurista, “en el plano económico, el foco no debería ser únicamente si hay remuneración. El estándar mínimo es que el estudiante no asuma costes por el hecho de formarse en un entorno productivo. En esa línea, el anteproyecto incorpora el derecho a la compensación de gastos y lo vincula a un diseño de prácticas más garantista. Es una orientación coherente con la idea de igualdad de oportunidades, porque si desplazamiento y manutención recaen sobre el alumno, la práctica deja de ser un instrumento meritocrático y se convierte en un filtro económico”
“Ahora bien, regular horarios y límites debe hacerse sin invadir lo educativo. En España ya existe un marco universitario de referencia, el Real Decreto 592/2014, que exige proyecto formativo, tutorías y prohíbe expresamente que el contenido de la práctica sustituya puestos de trabajo. La clave es coordinar ese andamiaje con la intervención laboral para acotar el fraude. Si se traslada mecánicamente la lógica del tiempo de trabajo propio del empleo ordinario a toda práctica, se corre el riesgo de rigidizar planes docentes y empobrecer experiencias formativas valiosas”, resala
Omar Molina cree que “el buzón de denuncias anónimas encaja en esa estrategia de control. Se ha impulsado un canal específico para recoger experiencias de malas prácticas y trasladarlas a la Inspección de Trabajo. El trasfondo no es menor, la Encuesta de Juventud 2023 sitúa en 42 por ciento a los jóvenes que declaran haber sufrido alguna forma de explotación laboral en su trayectoria, dato citado en la presentación institucional del buzón. Su utilidad dependerá de garantías y de medios, porque sin capacidad inspectora real el buzón puede quedarse en un dispositivo de visibilidad más que de corrección efectiva”.
En cuanto a “la comparación internacional aporta ideas útiles, así, por ejemplo, en la Unión Europea, la Comisión propuso en 2024 una Directiva sobre períodos de prácticas orientada a mejorar condiciones y combatir relaciones laborales encubiertas, con énfasis en control y vías de reclamación. Francia establece una gratificación mínima obligatoria en determinados supuestos y fija un mínimo por hora con referencias administrativas claras. Alemania aplica el salario mínimo en muchas prácticas, con excepciones para prácticas obligatorias y para determinados periodos, lo que intenta equilibrar protección y viabilidad. En Reino Unido, el eje es el estatus, si el intern es worker normalmente tiene derecho al salario mínimo, con exenciones delimitadas para ciertas prácticas exigidas por estudios”.
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