A partir del 2 de febrero, las entidades tendrán que dejar de usar aplicaciones que vulneren derechos como la privacidad, la salud o la seguridad de las personas
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Según Jorge Cabet, abogado director de Augusta Abogados especializado en nuevas tecnologías, el marco normativo está incompleto, lo cual es un problema para que las compañías adopten sistemas bajo los estándares europeos. “No tenemos sentencias de los tribunales, tampoco la interpretación que harán las agencias supervisoras del propio reglamento IA y la tipicidad de las sanciones tampoco queda clara”, señala. Para el experto, esta falta de claridad deja a las compañías “al albur de los criterios interpretativos”.
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