La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 441/2026, de 14 de abril de 2026, resuelve una cuestión clave en materia de inspección laboral, ¿Puede la Inspección de Trabajo acceder a las instalaciones de una empresa sin autorización judicial si no realiza registros ni incauta documentos?
El Tribunal Supremo ofrece una respuesta clara: no es posible.
¿Qué ocurrió?
El caso tiene su origen en la actuación de la Inspección de Trabajo, que, con el auxilio de la Policía Nacional, accedió a las instalaciones de una empresa sin contar ni con el consentimiento de su titular ni con la preceptiva autorización judicial. La intervención se llevó a cabo en una nave industrial que constituía simultáneamente el domicilio social de la entidad y su centro de trabajo.
La actuación inspectora no estaba directamente relacionada con la empresa en cuestión, sino con la investigación de otra mercantil distinta respecto de la cual se estaban llevando a cabo diligencias. Aun así, los inspectores accedieron a las dependencias de la empresa recurrente, permaneciendo en ellas durante cierto tiempo, si bien no realizaron registros ni procedieron a la incautación de documentación, ni en soporte físico ni informático.
Ante estos hechos, la empresa interpuso un recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, al considerar que la entrada en sus instalaciones, realizada sin autorización judicial, constituía una vulneración de su derecho a la inviolabilidad del domicilio reconocido en el artículo 18.2 de la Constitución y de su derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE.
Sin embargo, en una primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia desestimó el recurso, entendiendo que, puesto que no se había producido registro ni intervención de documentación, no podía apreciarse una vulneración del derecho fundamental alegado.
No conforme con esta decisión, la empresa recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, planteando como cuestión central si la mera entrada en el domicilio de una persona jurídica, sin consentimiento ni autorización judicial, puede considerarse legítima cuando no va acompañada de actuaciones más intensas como registros o incautaciones.
Fallo del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo estima el recurso de la empresa y revoca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, declarando que la actuación de la Inspección de Trabajo constituyó una vía de hecho y vulneró el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.
En concreto, el alto tribunal concluye que la entrada en las instalaciones de la empresa, realizada sin consentimiento del titular ni autorización judicial, carecía de cobertura legal suficiente, incluso aunque no se hubiera procedido a realizar registros ni revisión de documentación.
En este sentido, el Supremo precisa que la exigencia de autorización judicial no depende de que exista registro, ya que el artículo 18.2 de la Constitución protege tanto frente a la “entrada en el domicilio” como frente al “registro”. Es decir, la mera entrada ya constituye una intromisión constitucionalmente relevante.
Por ello, el Tribunal Supremo anula la actuación inspectora impugnada y reconoce expresamente la vulneración del artículo 18.2 de la Constitución, al entender que la protección del domicilio alcanza también a las personas jurídicas y exige, en todo caso, una autorización judicial previa para su acceso.
¿Matices?
La Sentencia introduce un matiz relevante para la práctica inspectora: la entrada podría no requerir autorización judicial únicamente en supuestos excepcionales en los que exista una separación física clara entre la zona de domicilio social (oficinas, archivos, dirección) y la zona productiva, y siempre que la Inspección limite desde el inicio su actuación exclusivamente a esta última, y que la entrada se mantenga estrictamente dentro de esa zona, sin extenderse al espacio protegido.
Fuera de este supuesto, cuando el centro de trabajo coincide con el domicilio social, la exigencia de autorización judicial previa resulta imprescindible.