La Audiencia Nacional, en su sentencia 138/2026 de 23 de julio de 2026, analiza una cuestión cada vez más frecuente en las políticas de prevención de pérdidas de las empresas, ¿Hasta dónde puede llegar el poder de control empresarial cuando afecta a la intimidad de los trabajadores? Y, ¿Puede una empresa revisar de forma habitual los bolsos o las taquillas de su plantilla con el fin de evitar hurtos internos?
¿Qué ocurrió?
El conflicto se originó tras la demanda presentada por UGT frente a la empresa, a la que posteriormente se adhirió CCOO. Los sindicatos impugnaron dos medidas implantadas por la compañía para prevenir pérdidas de mercancía.
Por un lado, la empresa realizaba un control diario de los bolsos, mochilas o bolsas de los trabajadores del último turno de cada tienda. La revisión consistía en que el empleado abría su bolso ante un responsable o personal de seguridad, que inspeccionaba visualmente su contenido durante unos segundos antes de abandonar el centro de trabajo. La revisión se llevaba a cabo tras el fichaje de salida y únicamente respecto de los trabajadores del último turno, que abandonaban el establecimiento por una puerta donde la empresa alegaba no poder instalar mecanismos alternativos de control.
Por otro lado, la empresa había establecido un sistema de revisión de taquillas de carácter aleatorio y periódico. Según el procedimiento interno, una vez al mes se seleccionaban determinadas taquillas para ser abiertas por los trabajadores en presencia de un responsable o miembro de seguridad que realizaba una inspección.
Fallo de la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional recuerda que el poder de vigilancia y control reconocido al empresario no es ilimitado y debe respetar los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, especialmente el derecho a la intimidad reconocido en el artículo 18 de la Constitución.
Para determinar si una medida de control empresarial es válida, los tribunales aplican el conocido «test de proporcionalidad«. Este análisis que exige verificar, en primer lugar, que la medida sea idónea para alcanzar el objetivo perseguido; en segundo lugar, que sea necesaria y no existan alternativas menos invasivas; y, finalmente, que resulte proporcionada, de forma que los beneficios obtenidos justifiquen la restricción de derechos fundamentales.
En relación con la revisión de bolsos, el tribunal considera que la empresa no logró acreditar suficientemente la existencia de una situación previa que justificara una medida tan invasora. La empresa alegó importantes pérdidas económicas, pero no pudo demostrar qué parte de esas pérdidas era atribuible a hurtos cometidos por trabajadores.