La protección de los menores en el entorno digital plantea un difícil equilibrio entre seguridad, privacidad y autonomía. Júlia Bacaria, socia del área de TMT en Augusta Abogados y presidenta de la Sección de Derecho Digital e Inteligencia Artificial del ICAB, analiza estos retos en un Cara a cara publicado por Món Jurídic sobre la regulación del acceso de niños y adolescentes a las redes sociales.
El debate parte de las propuestas para limitar el acceso a las redes sociales antes de los 13 años y establecer fórmulas de incorporación gradual entre los 13 y los 15. Para Júlia Bacaria, sin embargo, la edad no puede ser el único criterio: también deben valorarse el tipo de servicio, los riesgos que presenta y la finalidad con la que se utiliza.
La regulación debe encontrar un equilibrio entre la necesaria protección de los menores y el respeto a derechos como la privacidad, el anonimato, el acceso a la información y su progresiva autonomía digital. En este contexto, uno de los grandes retos es desarrollar sistemas fiables de verificación de edad que permitan acreditar que el usuario supera un determinado umbral sin necesidad de revelar su identidad ni facilitar más datos personales de los imprescindibles.
Otro de los ejes del debate es la responsabilidad de las plataformas digitales. Júlia Bacaria defiende que deben adoptar un papel activo en la prevención de riesgos, evaluando el impacto de sus servicios sobre los menores, estableciendo controles auditables y corrigiendo los riesgos detectados. Unas obligaciones que deben integrarse de forma coherente con el DSA, el RGPD y el Reglamento de Inteligencia Artificial.
Frente a una respuesta basada exclusivamente en la prohibición, Júlia Bacaria apuesta por un modelo europeo común y gradual, con distintos niveles de acceso según la edad, una protección reforzada hasta la mayoría de edad y mecanismos de verificación respetuosos con la privacidad.
La regulación, además, no puede actuar de forma aislada. Educación digital, acompañamiento de las familias, responsabilidad de las plataformas y actuación de los poderes públicos forman parte de una respuesta necesariamente compartida para avanzar hacia un entorno digital más seguro para los menores.
La entrevista completa puede leerse en el número 366 de Món Jurídic, revista del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB).