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Omar Molina, director de Augusta Abogados, cree que para que la medida funcione será necesario mejorar la eficiencia e introducir tecnología para compensar esa reducción de horas. “Muchas pymes ya están muy al límite en cuanto a recursos y márgenes. Si no se acompaña con medidas que faciliten la transición, como incentivos o ayudas (el Plan PYME, por ejemplo), la reducción de jornada puede traducirse en una mayor carga de trabajo para los empleados o incluso en recortes”.
Diálogo social incompleto
Uno de los grandes debes de este anteproyecto de ley es que no ha contado con el respaldo de las organizaciones empresariales. “Para que realmente funcionen y no queden en una simple imposición, estas medidas deberían ser un trabajo conjunto entre Gobierno, empresas y sindicatos”, reflexiona Omar Molina. Para este especialista en Laboral, la ausencia de consenso “puede generar tensiones en el tejido empresarial y una falta de compromiso por parte de las empresas en su implementación”.
Según Molina, la clave estará en la adaptación y en cómo se acompañe el cambio. “Para que la reducción de la jornada resultara exitosa, tendría que implementarse progresivamente a través de la negociación colectiva”. Porque, avisa, “si se hace de forma brusca, tal como está previsto (a finales de 2025), y dejando a cada empresa la responsabilidad de su implementación, lo más probable es que termine generando daños colaterales o incluso ajustes que perjudiquen más de lo que benefician”.
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