El Real Decreto-ley 39/2026, publicado hoy en el BOE, completa la transposición de la Directiva (UE) 2019/1152, sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, e incorpora la Directiva (UE) 2023/970, sobre transparencia e igualdad retributiva, conforme a su disposición final tercera. Aunque entra en vigor el 19 de noviembre de 2026, prevé regímenes transitorios específicos. Su alcance exige revisar tanto la documentación como las prácticas de Recursos Humanos.
La transparencia empieza en la selección
En primer lugar, el artículo 5.g) de la Ley de Empleo exige que las ofertas incluyan la retribución inicial y el convenio aplicable, mientras que prohíbe preguntar por el historial salarial. Además, los anuncios deberán ser neutros respecto al género y accesibles. A nuestro juicio, ello aconseja definir la oferta económica antes de iniciar la selección y trasladar estas exigencias a quienes intervengan en el proceso.
Información salarial: un derecho individual
Por su parte, el artículo 10 del RD 902/2020 reconoce el derecho a recibir por escrito información sobre la retribución individual y las retribuciones medias de trabajos iguales o de igual valor, desglosadas por sexo y conceptos, en cómputo anual y por hora. La empresa deberá responder en un máximo de dos meses desde la primera solicitud y atender las aclaraciones en quince días, respetando aquel límite global. Asimismo, informará anualmente de este derecho y de cómo ejercerlo.
Esta obligación se completa con el acceso a los criterios de fijación salarial y a los niveles retributivos, así como a los criterios de progresión en empresas de cincuenta o más personas, cuando exista dicha progresión. Si proceden del convenio, deberá remitirse a sus preceptos concretos. Además, serán nulas las cláusulas que impidan divulgar la propia retribución para hacer efectiva la igualdad, respetándose la protección de los datos ajenos.
Registro, auditoría y diferencias salariales
El registro retributivo deberá recoger medias y medianas anuales y por hora y conservarse, junto con sus soportes, cuatro años. A su vez, el artículo 28.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET) exige justificar diferencias entre promedios de ambos sexos de al menos el 5 % en empresas de cien o más personas y del 25 % entre cincuenta y noventa y nueve. No obstante, estos umbrales no legitiman diferencias discriminatorias inferiores.
La auditoría analizará, como mínimo, la información disponible de los últimos tres años e incluirá un plan para corregir las desigualdades injustificadas en un plazo razonable, no superior a seis meses. Por su parte, las auditorías incorporadas a planes de igualdad vigentes conservarán su validez hasta que deban revisarse o concluya su vigencia, cuando deberán adaptarse. Este régimen transitorio no constituye, por tanto, una moratoria general de transparencia.
Comunicación de la brecha: fechas clave
La primera comunicación de la brecha a la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva deberá efectuarse antes del 8 de junio de 2027 en empresas con 150 o más personas trabajadoras y antes del 8 de junio de 2031 en las de 50 a 149. Después, la periodicidad será anual desde 250 personas y trienal entre 50 y 249, conforme al artículo 11 del RD 902/2020 y su régimen transitorio.
Fuente: Real Decreto-ley 39/2026, arts. 1 a 3; DT primera y DF tercera y séptima. BOE de 18 de noviembre de 2026.