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Una de las cuestiones más controvertidas que trae la normativa es la cuantificación de las sanciones. “Es un asunto importante, puesto que la tipicidad no queda del todo clara y la seguridad jurídica, en su vertiente de previsibilidad y cognoscibilidad de las sanciones, queda al albur de cuestiones de difícil cálculo”, señala Jorge Cabet, abogado director de Augusta Abogados especializado en nuevas tecnologías. Especialmente, añade el experto, “con un reglamento que afecta a múltiples jurisdicciones y que pueden sancionar de forma distinta“, lo que puede generar un desequilibrio en las sanciones y ”poner en duda el propio proyecto europeo”.
Para el experto, el régimen sancionador debe ser proporcional a la gravedad de la infracción, y mantener un efecto disuasorio adecuado. “Valorando la capacidad económica del infractor, su grado de colaboración con la administración, el beneficio obtenido (si lo hubiera) y la repercusión social. En caso contrario, advierte el experto, las horquillas sancionadoras que establece el reglamento son tan grandes que pueden llegar a afectar al negocio.»
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