Antes del próximo 17 de diciembre de 2021, España, como estado miembro de la Unión Europea, debe transponer la Directiva (UE) 2019/1937 de 23 de octubre, relativa a la protección de personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (conocida como Directiva Whistleblowers), a su normativa interna. Referida directiva busca proteger a quienes, con motivo de sus actividades laborales, denuncien irregularidades y/o actos de corrupción.
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